El decreto de centros de datos pide un 80% renovable hora a hora, y el sector avisa de que ese no es el cuello de botella

Un vistazo en 30 segundos

• El Ministerio para la Transición Ecológica tiene en audiencia pública hasta el 4 de septiembre de 2026 un proyecto de real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos.
• El requisito que ha encendido al sector es la correlación horaria: en cada hora de funcionamiento habría que acreditar que al menos el 80% de lo consumido se generó esa misma hora con renovables nuevas.
• Se suma la adicionalidad: cada MW de consumo tendría que respaldarse con potencia renovable instalada en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha.
• Los umbrales de eficiencia transitorios son PUE ≤ 1,15 y WUE ≤ 0,1 hasta que exista el etiquetado europeo, previsto para agosto de 2027.
• SpainDC calcula que, con el texto tal cual, quedaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión que podría elegir España.
• APPA Renovables apunta la contradicción de fondo: se exige construir generación nueva mientras el sistema desaprovecha una parte enorme de la que ya existe. En el primer semestre de 2026 se descartaron 2,5 TWh por restricciones técnicas.
• Los plazos de adaptación son de 6 meses para proyectos en tramitación y 3 meses para los pendientes de concurso de acceso.
• El texto no está aprobado. Puede cambiar —y es bastante probable que lo haga— antes de llegar al Consejo de Ministros.

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Hay dos maneras de leer lo que ha pasado esta última semana de agosto. Una es la del titular: el Gobierno le pide a los centros de datos que se alimenten con renovables y el sector se queja. La otra exige mirar el borrador con calma, y entonces aparece un problema bastante más interesante, porque no va de si conviene o no exigir energía limpia. Va de que el requisito está escrito sobre una hipótesis del sistema eléctrico español que no se sostiene: la de que el problema es producir.

España no tiene un problema para producir electricidad renovable. Tiene un problema para llevarla desde donde se produce hasta donde alguien quiere consumirla, y para hacerlo a las tres de la madrugada. Son dos cosas distintas, y el borrador las trata como si fueran la misma.

Qué dice exactamente el borrador

El proyecto se publicó el 27 de agosto de 2026 en el portal de participación pública del MITECO, con plazo de alegaciones hasta el 4 de septiembre. Ocho días naturales, cuatro de ellos fin de semana o puente, para una norma que redefine las condiciones de entrada de una industria entera. Ese detalle, la tramitación de urgencia, es la primera crítica que ha recibido y probablemente la más difícil de rebatir.

El contenido se organiza en tres bloques.

Los umbrales de PUE y WUE no son inventados: se apoyan en el marco europeo que ya viene rodando desde la directiva de eficiencia energética y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, que desde 2024 obliga a los centros de datos de 500 kW o más a reportar indicadores a una base de datos europea. Lo que hace el borrador español es adelantarse al esquema de calificación comunitario y fijar por su cuenta los valores que, cuando exista la etiqueta, corresponderían a la clase más alta.

Si el PUE te suena a jerga, en PUE: el coste energético que no aparece en la factura del cloud lo explicamos con números. En corto: es la energía total del centro dividida entre la que llega de verdad a los servidores. Un PUE de 1,15 significa que por cada 100 vatios que consume un servidor, la instalación entera gasta 115.

La correlación horaria, o por qué 80% no significa 80%

Aquí está el nudo. Un centro de datos funciona 24 horas al día, los 365 días del año, con una curva de consumo bastante plana. La generación solar, que es la que más ha crecido en España, produce en una campana centrada en el mediodía y no produce absolutamente nada por la noche.

Un compromiso del 80% renovable anual se cumple hoy sin grandes acrobacias: se firman PPA suficientes, se compensa el balance a lo largo del año y el papel cuadra. Un compromiso del 80% renovable hora a hora es otro animal. Obliga a tener, para cada una de las 8.760 horas del año, generación renovable propia o contratada produciendo en ese preciso momento. Las horas nocturnas solo se cubren con eólica —que sopla cuando sopla— o con almacenamiento.

Eso es exactamente lo que ha señalado UNEF al pedir que se admita el almacenamiento hibridado dentro del cómputo: sin baterías, la aritmética de la noche no sale. Y las baterías, en un proyecto con derechos de acceso ya concedidos y una fecha de puesta en marcha comprometida, no son un ajuste de contrato: son una obra más, con su permiso, su plazo y su presupuesto.

A la correlación horaria se le suma la adicionalidad: no vale contratar renovable existente, hay que respaldarse en generación nueva instalada en los 18 meses previos. La combinación de las dos —tener que construir generación nueva y que esa generación coincida hora a hora con el consumo— es lo que SpainDC describe como difícil de conciliar con los plazos reales de desarrollo de estas infraestructuras.

La contradicción que señalan los propios renovables

Lo llamativo es que la crítica más incómoda no viene de los centros de datos, sino del sector que en teoría más ganaría con la norma.

APPA Renovables ha puesto el dedo en la llaga: España desaprovecha cerca del 25% de la electricidad que podría producir con renovables. Exigir generación nueva cuando hay generación existente que no se puede colocar en la red es, en el mejor de los casos, un incentivo mal dirigido.

Los datos del sistema respaldan el argumento sin ambigüedad. En el primer semestre de 2026 se descartaron 2,5 TWh de generación renovable por restricciones técnicas, un 50% más que en todo 2024 y el triple que en el mismo periodo del año anterior. Solo en junio de 2026 se tiraron 1,2 TWh, casi seis veces más que un año antes. En mayo, la proporción de renovable no integrable rondó el 6,5%, frente a algo más del 2% doce meses atrás. Y la geografía del problema es tozuda: Badajoz, Zaragoza y Cáceres encabezan la lista, es decir, las provincias donde se ha construido la generación lejos de donde está el consumo.

Dicho de otra forma: el sistema eléctrico español está tirando energía limpia porque no tiene por dónde sacarla, y la norma propone resolver la huella de los centros de datos construyendo más generación. Un centro de datos es una demanda plana, grande y muy dispuesta a instalarse donde le digan. Es, en teoría, justo el tipo de consumidor que ayuda a absorber esos vertidos. La correlación horaria, tal como está redactada, no aprovecha esa carta.

El problema está en la red, no en los megavatios

Esta es la tesis que desarrolla David Carrero en Centros de datos en España: quizá el problema no sea la energía, sino la red, y que conviene tener presente al leer el borrador. Producir electricidad y conseguir que llegue al punto donde alguien quiere consumirla son dos problemas distintos, con soluciones distintas y calendarios distintos.

Los números lo dejan claro. España tiene más de 129 GW de potencia eólica y fotovoltaica autorizada y unos 16 GW de almacenamiento permitido, frente a unos 19 GW de demanda con derechos de acceso concedidos. De esa demanda, 11,8 GW corresponden a nueva capacidad que todavía no ha entrado en servicio. No falta generación autorizada. Falta la red que una las dos puntas y el tiempo para construirla.

El propio Gobierno lo reconoce en la planificación eléctrica. La propuesta con horizonte 2030 destina en torno a 13.600 millones de euros a reforzar las redes y prevé atender más de 27 GW de demanda desde la red de transporte, cuando la planificación anterior, con horizonte 2026, se quedaba en 2 GW. Multiplicar por catorce el objetivo de demanda atendida es admitir, en lenguaje de planificador, que la red venía corta.

El desajuste temporal es el problema real. Las subestaciones y las líneas de esa planificación estarán listas hacia el final de la década. La adaptación que pide el real decreto a los proyectos en curso es de seis meses, y de tres para los que están pendientes de concurso de acceso. Se le pide a un promotor que resuelva en un trimestre una restricción que el sistema tiene previsto resolver en cinco años.

Qué pide el sector, y qué es razonable

Conviene separar la queja legítima del reflejo defensivo, porque las asociaciones no están diciendo lo mismo.

• SpainDC, la patronal española de centros de datos, no discute el objetivo de descarbonizar. Discute la combinación: adicionalidad más correlación horaria más umbrales de eficiencia más rigidez contractual más régimen de recargos. Su cálculo es que ese paquete pondría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España, y que los proyectos ya están mirando alternativas en otros mercados europeos.
• APPA Renovables cuestiona la adicionalidad por el motivo que ya hemos visto: sobra renovable sin colocar.
• UNEF, el sector fotovoltaico, pide flexibilidad y que el almacenamiento hibridado cuente. Es una petición técnica, no un rechazo.
• ANESE considera que los umbrales de PUE y WUE son muy exigentes respecto a la media real del parque instalado.
• Desde el lado del operador, el consejero delegado de Templus, Nacho Velilla, ha apuntado algo que cualquiera que gestione salas conoce: un PUE de 1,15 es alcanzable en una instalación hiperescalar diseñada de cero para una sola carga, y muy difícil en un centro de colocación con clientes diversos, densidades dispares y racks que se llenan a distinto ritmo.

Ese último matiz merece detenerse. El PUE de un centro de datos mejora cuanto más lleno y más homogéneo está. Un edificio hiperescalar con pasillos cerrados, refrigeración líquida y una única carga previsible juega en otra liga que un centro multicliente donde conviven un rack a 3 kW y otro a 40. Aplicar el mismo umbral a los dos no es exigente: es una barrera de entrada que favorece a quien ya tiene tamaño. Sobre hasta dónde llega de verdad un estándar aplicado a instalaciones distintas, escribimos en Certificado no significa preparado para IA.

La parte de soberanía, que ha pasado desapercibida

Entre tanto debate energético casi nadie ha comentado el tercer bloque, y es el que más nos interesa desde aquí. El borrador exige que la operación y el control de los datos recaigan en entidades sujetas al derecho de la Unión Europea, y que los datos y metadatos de las Administraciones Públicas permanezcan en territorio comunitario, con un trato reforzado para los que afecten a seguridad nacional.

Es la misma línea que Europa lleva dibujando desde hace tres años y que repasamos en La nube soberana deja de ser marketing. No es una novedad conceptual, pero sí es la primera vez que aparece en una norma española con rango de real decreto y aplicada a la capa física: no al servicio cloud, sino al edificio donde están los discos. Quien haya construido su cumplimiento sobre la idea de que basta con elegir «región Europa» en la consola de un proveedor tiene aquí una razón más para mirar la letra pequeña, que es de lo que va Soberanía del dato y CLOUD Act.

Qué cambia esto para quien tiene que decidir dónde aloja

Vamos a lo práctico, porque el borrador puede acabar aprobado, suavizado o guardado en un cajón, y mientras tanto las decisiones de infraestructura siguen tomándose.

Si estás contratando housing, colocation o cloud privado en España, cuatro cosas cambian de peso:

1. El PUE deja de ser un dato de folleto. Si la norma sale adelante, el centro donde estén tus servidores tendrá que reportar su eficiencia anualmente al ministerio y esos datos serán públicos. Un PUE declarado hoy sin metodología ni periodo de medición vale poco; pregúntalo con las condiciones: PUE anualizado, medido en qué punto, con qué carga y en qué año.
2. El origen de la energía pasa a ser una cláusula, no un adorno. Si tu proveedor te vende «100% renovable», la pregunta útil ya no es si tiene certificados de origen, sino si eso se sostendría bajo un criterio de correlación horaria. Casi ningún contrato actual lo sostiene, y no pasa nada por reconocerlo: lo que no conviene es descubrirlo cuando el criterio sea obligatorio.
3. Los plazos de nuevos proyectos se van a mover. Si tu plan de crecimiento depende de un centro de datos que entra en servicio en 2027 o 2028, conviene preguntar en qué fase de tramitación está y si tiene los derechos de acceso concedidos o pendientes de concurso. La diferencia entre esas dos situaciones son, en el borrador, tres meses de margen o seis.
4. La ubicación vuelve a importar por motivos eléctricos. Durante años, elegir provincia era una cuestión de latencia y de precio del suelo. Ahora es también una cuestión de nudo de red. Nuestro mapa de centros de datos en España sirve para situar dónde hay capacidad instalada de verdad.

Si operas tu propia sala, el umbral relevante es el de los 500 kW de potencia TI, a partir del cual llega la obligación de reporte anual. Muchas salas corporativas están cómodamente por debajo, pero hay más CPD internos rozando esa cifra de los que sus dueños creen, sobre todo desde que la IA metió racks de alta densidad donde antes había servidores de correo.

Lo que probablemente pase

El texto no está aprobado. Está en audiencia pública, que es el momento del procedimiento en el que las cosas se mueven, y ha recibido objeciones cruzadas de la patronal del sector regulado y de las asociaciones renovables a la vez. Esa coincidencia rara vez deja un borrador intacto.

Lo previsible es que se toque la correlación horaria —admitiendo almacenamiento, ampliando la ventana de cómputo o escalonando el porcentaje— y que se estiren los plazos de adaptación. Los umbrales de PUE y WUE tienen más papeletas de sobrevivir, entre otras cosas porque están anclados a un marco europeo que va a llegar igual.

Lo que no se arregla con una redacción mejor es el fondo del asunto. Una norma de sostenibilidad para centros de datos que no venga acompañada de un calendario creíble de red le está pidiendo a la demanda que resuelva un problema de oferta que no es suyo. Se puede exigir un 80% horario. También se puede planificar dónde conviene que se instale esa demanda, y ahí España tiene una carta que casi ningún país europeo tiene: provincias con generación renovable de sobra, vertidos crecientes y suelo disponible. Convertir un problema de congestión en una política industrial de localización sería más lento de escribir y bastante más útil.

Si estás dimensionando infraestructura en España y no tienes claro cómo te afecta esto, cuéntanos qué necesitas y lo miramos con los datos concretos de tu caso: potencia, ubicación, plazos y qué tiene que estar operativo y cuándo.

Preguntas frecuentes

¿El real decreto de centros de datos ya está aprobado?

No. El 27 de agosto de 2026 se abrió la fase de audiencia e información pública en el portal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con plazo para alegaciones hasta el 4 de septiembre de 2026. El texto puede modificarse antes de su aprobación en Consejo de Ministros, y la norma no produce efectos hasta que se publique en el BOE.

¿Qué es la correlación horaria y por qué se critica tanto?

Es la exigencia de acreditar, en cada hora de funcionamiento, que al menos el 80% de la electricidad consumida se generó en esa misma hora con fuentes renovables nuevas. Se critica porque un centro de datos consume de forma plana las 24 horas mientras la fotovoltaica —la tecnología que más ha crecido en España— solo produce de día. Cubrir las horas nocturnas exige eólica suficiente o almacenamiento, y el borrador no computa expresamente el almacenamiento hibridado.

¿Qué significan PUE 1,15 y WUE 0,1?

El PUE (Power Usage Effectiveness) es la energía total que consume el centro dividida entre la que llega a los equipos informáticos: 1,15 significa 15 vatios de instalación por cada 100 de servidor. El WUE (Water Usage Effectiveness) mide litros de agua consumidos por kilovatio hora de TI; 0,1 es un valor muy bajo, propio de refrigeración prácticamente sin consumo evaporativo. Son valores transitorios hasta que exista el etiquetado europeo, previsto para agosto de 2027.

¿A qué centros de datos afectaría la norma?

Los requisitos de sostenibilidad energética se dirigen a instalaciones a partir de 1 MW de demanda. La obligación de reportar anualmente datos de eficiencia al ministerio alcanza a los centros de más de 500 kW de potencia de sistemas de tecnologías de la información, en línea con el umbral que ya fija el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 para la base de datos europea.

¿Cuánta inversión está realmente en riesgo?

SpainDC, la asociación española de centros de datos, estima que si el texto se aprobara en sus términos actuales quedaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino, porque los proyectos empezarían a evaluar otros mercados europeos. Es una estimación de la parte interesada y conviene leerla como tal, pero coincide con la advertencia de otras asociaciones sobre plazos y rigidez.

Si España tiene tantas renovables, ¿por qué no basta con la energía existente?

Porque el borrador exige adicionalidad: la generación tiene que ser nueva, instalada en los 18 meses previos a la puesta en marcha. Ese es el punto que cuestiona APPA Renovables, que recuerda que el sistema ya desaprovecha cerca del 25% de la electricidad renovable que podría producirse. En el primer semestre de 2026 se descartaron 2,5 TWh por restricciones técnicas, y el problema se concentra en provincias con mucha generación y poca demanda cerca.

¿Cómo afecta esto a un contrato de housing o cloud privado que ya tengo firmado?

De forma directa, no: las obligaciones recaen sobre el operador del centro de datos, no sobre sus clientes. De forma indirecta, sí, porque los costes de cumplimiento y los eventuales recargos por incumplimiento acaban repercutidos, y porque el PUE y los datos de sostenibilidad de la instalación pasarían a ser públicos. Es buen momento para pedir esos datos por escrito antes de renovar.

Fuentes

• RevistaCloud, El sector rechaza el RD de centros de datos por sus exigencias renovables — contenido del borrador, posiciones de SpainDC, APPA Renovables, UNEF y ANESE, y las declaraciones de Templus sobre el PUE en centros de colocación.
• David Carrero, Centros de datos en España: quizá el problema no sea la energía, sino la red — el argumento de la red frente al de la generación, y las cifras de potencia autorizada, almacenamiento permitido y demanda con derechos de acceso.
• MITECO, Audiencia e información pública del proyecto de real decreto de requisitos aplicables a los centros de datos — fuente oficial: fechas del trámite (27 de agosto a 4 de septiembre de 2026), objeto de la norma y vía para presentar alegaciones.
• EUR-Lex, Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 — primera fase del régimen europeo de evaluación de centros de datos, indicadores y umbral de 500 kW para el reporte a la base de datos europea.
• MITECO, Centros de datos: normativa — marco normativo español y europeo de eficiencia aplicable a centros de datos.
• El Periódico de la Energía, El Gobierno lanza a audiencia su planificación eléctrica, que destina 13.600 millones a 2030 a reforzar las redes — inversión prevista en red de transporte y salto de 2 GW a más de 27 GW de demanda atendida.
• El Periódico de la Energía, Los curtailments se desbocan en España tras sumar 20 GW solares en los dos últimos años — 2,5 TWh vertidos en el primer semestre de 2026, máximo de junio y concentración en Extremadura y Aragón.
• Energías Renovables, La patronal de los centros de datos alerta de que las exigencias renovables ponen en riesgo el 90% de las inversiones — posición de SpainDC y puntos concretos que pide revisar.
• pv magazine España, El curtailment en España en los últimos 9 meses superó el 3,8% — evolución de los vertidos renovables por restricciones técnicas.